dilluns 15 octubre, 2018

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Éxito del ‘CSI de los perros’ en el municipio más densamente poblado de España

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Las calles de Mislata son desde hace unos meses más seguras, al menos para los zapatos. El municipio valenciano puso en marcha en 2016 un sofisticado sistema para combatir el alarmante número de heces de perros que ensuciaban las aceras y los parques, utilizando para ello análisis de ADN, al estilo del clásico televisivo CSI. Un centenar de multas después, su alcalde afirma que los hallazgos se han reducido un 90% y los vecinos corroboran que el problema “ha mejorado muchísimo”. La convivencia, también.

Encajonado entre Valencia, el viejo y el nuevo cauce del Turia, Mislata, el municipio más densamente poblado de España, por delante de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con sus 43.042 habitantes concentrados en un término municipal de 2,06 kilómetros cuadrados, tenía un grave problema con los perros.

“Si en cualquier ciudad española es una cuestión que preocupa, imagínate nuestra situación, con muchísima gente viviendo en tan poco territorio. Cuando llegué a la alcaldía era uno de las mayores problemas que destacaban los sondeos de opinión municipales, y ahora ha dejado de serlo”, afirma el regidor de Mislata, el socialista Carlos Fernández Bielsa.

El alcalde afirma que el primer programa de control municipal por ADN lo encontró en Suiza buscando soluciones por Internet. Para cuando el sistema de Mislata estuvo operativo, otras ciudades de España también lo estaban poniendo en marcha.

En Mislata, los nuevos dueños de un perro deben llevarlo a una clínica veterinaria. Allí se le instala un chip vinculado a la “persona responsable de la mascota” y a su ADN, tras extraerlo de la saliva o la sangre.

“Cuando las patrullas de policía y las brigadas de limpieza encuentran una caca en la calle, cogen una muestra, se lleva a analizar y de ahí sale el genotipado. Posteriormente, en la Oficina de Sanidad Pública del Ayuntamiento se obtiene la identidad de la mascota y del propietario y se impone la sanción correspondiente, normalmente, de 200 euros”, explica Fernández Bielsa.

Si el resultado del análisis genético da negativo porque el perro no ha sido censado, la sanción se pone igual, a la espera de que el autor sea identificado. Cada semana, la policía realiza una batida para localizar perros no registrados. La infracción lleva aparejada una multa de 300 euros y la obligación de consignar su ADN en el plazo de un mes. De no hacerlo, se impone una nueva sanción cinco veces más elevada.

El sistema ha dado resultados, confirma Julián Martínez, portavoz de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Mislata. “Antes había zonas endémicas, algunas calles por las que era imposible pasar”. Martínez atribuye los excrementos que todavía se encuentran por la calle a perros procedentes de otros municipios, como Valencia, y a los de algunos dueños “ácratas”. “El animal nunca es malo, el malo es el propietario”, dice el dirigente vecinal de 60 años, pensionista, que se mueve en silla de ruedas y tiene una pastora belga.

Martínez asegura que la tensión entre los dueños de mascotas y quienes no lo son se ha rebajado. “La gente ha dejado de mirar de reojo a los que van con el perro y ya no hay riñas en la calle. Ha habido una mejora de la convivencia”, añade el alcalde.

El Ayuntamiento financió el primer censo genético del municipio, de algo menos de 3.000 canes. “Nos costó mucho menos que la limpieza, y además tiene otras utilidades. Por ejemplo, a la hora de devolver a los dueños un animal que ha sido hallado extraviado”, dice el regidor.

Desde hace unos meses, los nuevos dueños tienen que pagar 27 euros para costear el análisis genético, aunque si el animal ha sido adoptado en un refugio canino, la prueba sale gratis. En paralelo a la política represiva, el Ayuntamiento ha puesto en marcha campañas informativas dirigidas a escolares y adultos. Y ahora reparte botellas plegables para que los dueños tiren agua donde el animal orina para combatir el olor y la erosión.

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